Guido Otranto: “La RAM tiene capacidad para generar atentados de manera coordinada”

7

El juez de Esquel que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, Guido Otranto, defendió la “seriedad” de la instrucción que está llevando adelante y cuestionó la dura postura de los organismos de Derechos Humanos y de la familia de la víctima.

El magistrado insistió en que la hipótesis más probable es que Santiago se haya ahogado al intentar cruzar el río Chubut. Sin embargo, manifestó reparos respecto a la colaboración de los mapuches.

“Tengo muchas dudas sobre las tres prendas que nos dieron como que eran de él. No se explica que tengan olor a diferentes personas y sobre todo que haya habido olor a esas tres personas el 16 de agosto, cuando ya habían pasado 15 días de la desaparición. La interpretación que a mí me da el guía de los perros es que el rastro de olor no perdura más de 24 horas”, explicó Otranto.

Por otro lado, el magistrado criticó la “utilización política” del caso, aunque descartó que todo haya sido una maniobra especialmente implementada para influir en las elecciones: “A la comunidad les falta uno, eso hasta ahí me parece verosímil”.

En cuando a los vínculos entre la comunidad Pu Luf y la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), el juez afirmó que el grupo violento “opera en varios lugares y tiene capacidad de generar atentados de manera coordinada“.

En una entrevista que concedió a La Nación, explicó que es una “asunto muy preocupante que trasciende la figura de Jones Huala (líder detenido). Y agregó: “Todos los ataques son en zonas rurales y no quedan rastros. Ni llamadas telefónicas, ni cámaras de seguridad, o testigos presenciales. Tienen una modalidad de ataque muy difícil de investigar“.

Otranto también intentó desacreditar las versiones que cuestionan su rol por el hecho de que se encuentra en proceso de concurso para ascender a camarista en General Roca: “Hace más de un año rendí ese examen. En este momento, mi única preocupación es el caso de Santiago Maldonado”.

Por último, le prometió a la familia una investigación “seria y objetiva” que les dé una “explicación de qué pasó ese 1 de agosto en el interior de la comunidad”. “Ellos tienen derecho a la verdad“, finalizó.